Laboralistas

La Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe en los autos: Vildoza, Alfredo R. c/Magnum SRL y Otros s/C.P.L (09-12-2010), resolvió:

1. Corresponde modificar la sentencia recurrida con respecto al codemandado administrador de la sociedad empleadora, estableciendo que la condena por la falta de registración laboral se extienda únicamente con respecto al rubro de la indemnización de la Ley Nº 24.013 de manera personal, ilimitada y solidaria con la sociedad administrada.
2. Corresponde modificar la sentencia, rechazando la demanda contra el hermano del administrador, dado que no habiéndose probado su calidad de socio, ni actividad ilícita de este en relación a la sociedad empleadora, no existe fundamento jurídico suficiente para atribuirle responsabilidad por la deuda.
3. La falta de inscripción de la relación laboral del trabajador con la sociedad en forma coincidente al efectivo comienzo de la prestación de servicios dependientes y la falta de exhibición en tiempo y forma de los libros contables y laborales de la sociedad comercial constituyen omisiones negligentes del administrador que configuran su obrar culpable respecto del trabajador.
4. No puede ser considerado un buen hombre de negocios quien a sabiendas embarca a la sociedad que administra, representa o controla en actos ilícitos, ya que ningún empleador ignora que sus dependientes deben estar debidamente registrados, y conforme a ello deben pagar las contribuciones y aportes al sistema de seguridad social.

Recientemente la Cám. Nac. de Apelaciones del Trabajo en el expediente: “Mancilla, Walter N. c/Libson SA y Otro s/Despido” sentenció:

Corresponde condenar a las demandadas en forma solidaria a abonar al actor -quien desempeñaba tareas de cadete- la indemnización por despido, preaviso e integración mes de despido -arts. 232, 233 y 245 de la LCT-, en tanto la accionada no explicó de manera circunstanciada las razones funcionales que la habrían conducido a adoptar el cambio del lugar de trabajo del actor, por lo que resultó ajeno a las previsiones del art. 66 de la LCT, razón por la cual la denuncia del vínculo fue justificada en los términos de los arts. 242 y 246 LCT.

Del art. 66 LCT se desprende con claridad que para legitimar una modificación al contenido de la prestación de trabajo debe mediar razonabilidad en el cambio, que éste no altere esencialmente el contrato y que de él no se derive perjuicio moral o material para el trabajador, en punto a que deben reunirse las tres condiciones para justificar la decisión patronal y que la falta de uno de los requisitos torna ilegítima la medida.

La razonabilidad del cambio debe estar justificado en las necesidades de la empresa, excluyéndose así el uso no funcional de dicha facultad legal siendo el empresario -que es el que decide unilateralmente la alteración de la relación de trabajo en ejercicio de sus poderes jerárquicos- quien debe justificar el cambio por su relación al fin común de la empresa -eficacia del proceso productivo de bienes y servicios-.

El ius variandi no es un derecho discrecional o absoluto del empleador, quien debe ejercitar sus facultades de dirección de modo prudencial; el principio de la "necesaria" justificación de la decisión empresaria en razones de organización de la misma empresa ha sido receptado por los tribunales de todas las épocas y todas las jurisdicciones por cuanto es elemental en esta materia la exclusión de la arbitrariedad en tanto la decisión está referida a una modalidad de la actividad pactada con el trabajador, hay derechos contrapuestos a los del empleador y para disponer de esos derechos es obvio que se requiere la satisfacción de una necesidad de la empresa.

Gentileza: Newsletter del Trabajo

La Cám. Nac. de Apelaciones del Trabajo en los autos G., G. A. c/Citytech SA s/Acción de Amparo (20-04-2011) resolvió recientemente:

1.           Corresponde declarar la nulidad del despido dispuesto por la sociedad empleadora, condenar a esta última a reinstalar al actor a su puesto de trabajo y a reparar los daños y perjuicios padecidos, en tanto se encuentra demostrado en la causa que su cesantía constituyó una discriminación antisindical, ya que la demandada no ha logrado demostrar que el despido del actor haya tenido causas reales absolutamente extrañas a dicha discriminación.

2.           El despido ad nutum, incausado, inmotivado, injustificado o arbitrario es un acto ilícito, que viola los derechos de jerarquía constitucional a la protección contra el despido arbitrario y al trabajo.

3.           El derecho a la no discriminación arbitraria, no sólo está tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal, sino que ha ingresado en el dominio del jus cogens, y cuando el trabajador se considera injustamente discriminado debe producirse un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba.

4.           Recae sobre el empleador la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión.

5.           El indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y todo hecho conocido, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido.

6.           La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere de la plena restitución, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y en la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados.

El día 23 de junio de 2011 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que los despidos discriminatorios antisindicales son nulos, y que los trabajadores afectados por dichas prácticas antisindicales pueden demandar la reinstalación en su lugar de trabajo.

La Corte confirmó la sentencia dictada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso "Arecco c. Praxair",  que había declarado la nulidad del despido de Maximiliano Arecco y había ordenado su reinstalación en su puesto de trabajo. Para ello, la Corte aplicó la doctrina elaborada en el fallo "Alvarez c. Cencosud", fallado en el mes de diciembre de 2010.

De esta manera, la Corte expandió el alcance de las situaciones que pueden ser alcanzadas por la doctrina de la nulidad de los despidos discriminatorios, ya que Maximiliano Arecco no sólo no contaba con la tutela especial prevista en la ley de asociaciones sindicales, sino que, a diferencia de "Álvarez", no era un miembro fundador de un sindicato, sino un activista.

Los orígenes del caso se remontan a principios del año 2005, cuando un grupo de trabajadores de Praxair Casa Central, en la localidad de Pacheco, comenzaron a organizarse en el ámbito del Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Cabe destacar que en dicha empresa nunca había existido una comisión interna, y los trabajadores eran permanentemente amenazados para no afiliarse al sindicato.

Como parte de dicha organización, los trabajadores decidieron impulsar la elección de delegados sindicales, y la empresa respondió despidiendo a Arecco, uno de los activistas que promovían este proceso, invocando una falsa reestructuración.

El reclamo por la reinstalación de Arecco fue receptado tanto en primera como en segunda instancia, y acaba de ser confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que implica no sólo un aval para la organización de los trabajadores de Praxair, sino en términos más generales para el conjunto de los activistas sindicales, que cuentan con un nuevo reconocimiento del máximo tribunal de justicia para enfrentar las represalias patronales.

A su vez, cabe destacar que durante todo el proceso judicial los trabajadores de Praxair desarrollaron numerosas acciones sindicales, incluyendo medidas de fuerza, para obtener la reinstalación de Arecco.

La consolidación de esta doctrina en materia de nulidad de los despidos discriminatorios, y sus proyecciones sobre el derecho a la estabilidad, constituyen un avance significativo en la garantía de los derechos constitucionales, y necesariamente deben vincularse con los avances que la propia Corte ya había realizado en materia de libertad sindical, al dictar los fallos “ATE” y “Rossi”, en 2008 y 2009 respectivamente, y en el ya citado fallo "Álvarez".

Resulta más que importante que la Corte continúe tutelando a los representantes de los trabajadores en los lugares de trabajo, más allá de que ellos cuenten o no con la tutela especial prevista en la ley de asociaciones sindicales, ya que la expansión de la organización sindical en los establecimientos constituye un requisito indispensable para conquistar mayores derechos para la clase trabajadora.

En tal sentido, la experiencia de los trabajadores de Praxair, ahora convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede dar cuenta de ello, ya que a partir de la conformación de su Comisión Interna pudieron hacer efectivos numerosos reclamos, y expandieron la organización a otras plantas de la empresa.

Este nuevo fallo de la Corte constituye una señal promisoria, en tanto proyecta sus efectos sobre los tribunales inferiores, que en forma creciente han aceptado reclamos por reinstalaciones de trabajadores despedidos como consecuencia de su actividad sindical, y, en algunos casos, comienzan a hacer lugar a reinstalaciones provisorias como consecuencia de medidas cautelares.
Gentileza: Observatorio Social